Es interesante cómo la Ley para la Protección de datos personales en El Salvador (LPPDP), basada principalmente en conceptos y estándares internacionales, va hilvanando los requisitos mínimos como herramientas básicas para cumplir el principio de Transparencia en favor de los titulares de los datos. Desde la entrada en vigencia de la Ley (noviembre de 2024), es obligatorio para todos los responsables de tratamiento tener a disposición de los titulares de los datos, publicado o disponible para ser consultado, un aviso de privacidad, tomando en cuenta que es sancionable por la ley (Art. 56 LPPDP) la omisión de varios elementos requeridos dentro del contenido de este importante instrumento

Durante mucho tiempo, Centroamérica fue vista por algunas compañías como un mosaico de economías pequeñas. Hoy, esa lectura ya no alcanza. La región debe entenderse como una plataforma económica cada vez más integrada, con escala suficiente para atraer inversión, mover comercio y sostener estrategias empresariales de largo plazo. No por casualidad, SIECA la ubica ya como la quinta economía más grande de América Latina y el Caribe, con una población proyectada de 52 millones de personas en 2025 y alrededor de 24 millones en edad de trabajar. (SIECA)

Este artículo analiza el tratamiento de datos de salud bajo el RGPD, centrándose  en la expansión del concepto de dato sanitario y el alcance del régimen de excepciones  del artículo 9. Se sostiene una lectura funcional en la que la naturaleza del dato no  depende de su origen clínico, sino de su capacidad para revelar el estado físico o mental  del individuo, incluso mediante inferencias a partir de información aparentemente  neutra. 

Panamá no puede seguir postergando la discusión sobre su marco de tributación internacional. El proyecto de ley  presentado la semana pasada por el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, busca incorporar reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera parte de una premisa correcta: en el entorno actual, ya no basta con defender el principio de territorialidad de manera abstracta. Hoy, los países deben demostrar que los beneficios fiscales que otorgan o preservan están vinculados a actividad económica real.

Imaginemos contestar el teléfono y escuchar lo siguiente: “Buenas tardes, le saluda Juan Pérez del Centro de Monitoreo de Transacciones del Banco X. El motivo de la llamada es que hemos detectado una actividad irregular en su tarjeta con terminación 6457 que requiere verificación. Para continuar, necesito confirmar algunos datos. Sin duda, nuestra primera reacción sería de asombro. Tras dar la información solicitada y luego de que el operador nos comentara que la transacción correspondía a una compra por un valor de $1,275.00 en un reconocido establecimiento de tecnología de alta gama situado en la ciudad de Miami, el asombro se transformaría en una mezcla de pavor y enojo. Negaríamos categóricamente haber realizado esa compra y, probablemente, reprocharíamos al banco la falta de custodia sobre nuestros fondos

Recientemente la Protección de datos personales se ha puesto de moda en El Salvador,  producto de la entrada en vigencia de la nueva normativa en la materia a partir de noviembre de 2024; pero más que una moda pasajera, se ha convertido en una verdadera preocupación para muchas entidades, inclusive las mismas instituciones del Estado. Este cambio responde a una transformación del estatus quo por parte de proveedores de servicios, ahora denominados Responsables del Tratamiento de datos,  transitandos de un uso indiscriminado y sin control hacia prácticas que transparentan y otorgan garantías a los ciudadanos para proteger sus datos personales, con consecuencias en caso de incumplimiento.

El 24 de febrero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley No. 1240, Ley de Inversiones Extranjeras, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 36. A ésta le siguió, el 3 de junio de 2025, la promulgación de su Reglamento a través del Decreto No. 8902, publicado en La Gaceta No. 99 del 4 de junio de 2025. Con el Reglamento de la Ley antes citada, se cuenta con una regulación que de alguna forma es más estructurada para el capital extranjero. Desde la perspectiva legal y práctica, se trata de un hito que formaliza una serie de procesos que, hasta ahora, estaban dispersos o poco definidos.

De conformidad con la Ley N.º 10597, conocida como la “Ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las Sociedades Mercantiles” a partir del 4 de junio de 2025, todas las sociedades mercantiles —ya constituidas o de nueva creación— deberán registrar un correo electrónico oficial ante el Registro Nacional. Este correo será el medio exclusivo para recibir notificaciones judiciales y administrativas. Este cambio marca un antes y un después en el ámbito jurídico costarricense, ya que esta reforma afecta a todas las Sociedades Anónimas (S.A) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L) estableciendo un correo electrónico como el medio obligatorio oficial para recibir notificaciones administrativas y judiciales